El Consejo de Ministros español aprobó hoy la creación de 35.895 nuevos puestos de trabajo en el sector público en áreas prioritarias como ser la seguridad policial, la atención al consumidor y los servicios esenciales. Se trata de la mayor oferta pública de empleo realizada en la historia española.

Los nuevos empleos entrarán en actividad dentro del nuevo marco jurídico que establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el proyecto que regula la inserción, actividad y permanencia de los trabajadores del estado, reclasificándolos en distintas categorías y estructurando así los mecanismos de promoción interna.

Entre los 35.895 puestos, casi la mitad estarán vinculados con la seguridad, tanto en lo referente a la policía como el ejército, un área de las actividades del estado adonde apuntan buena parte de los reclamos de la población.

Las lecturas acerca de esta medida son varias y sumamente polémicas. La proximidad de las elecciones nacionales empaña todas las políticas del gobierno y siempre hay quien tilde de clientelistas las nuevas acciones, más aún, cuando se trata de medidas de fuerte impacto en el corto plazo.

Las contrataciones de trabajadores públicos siempre son un tema polémico. Los argumentos más fuertes en su contra derivan de la dificultad para luego reducir el incremento del gasto que genera la anexión de miles de nuevos trabajadores al sistema, cuando en tiempos en los que las cosas dejan de marchar tan bien, se necesite ahorrar algunos euros.

Por otra parte, los fondos que se vuelcan a los nuevos sueldos representan una disminución de la capacidad de inversión del gobierno. Y ahí es que entramos en un terreno de preferencias, bastante resbaladizo y de difícil generalización, donde cada gobierno debe evaluar cuál de las dos alternativas es la más eficiente para mejorar el nivel de vida de la población: contratar más personal o invertir en infraestructura.

Vía | Finanzas