Hoy, Francia fue escenario de una fuerte disputa entre los propietarios de taxis y el gobierno. Los malentendidos, las medidas apresuradas y las presiones gremiales están a la orden del día en una temática que es más compleja de lo que aparenta a primera vista. El problema es el siguiente: El presidente Sarkozy encargó un informe a una comisión investigadora presidida por el reconocido economista Jacques Attali, sobre cómo modernizar el país y acelerar el crecimiento económico.

Uno de los puntos que tocó ese informe fue el del sistema de taxis. En Francia, los taxis deben recibir un permiso especial emitido por el Estado, con el fin de limitar el número de unidades en circulación. Lo que Attali sostiene es que los 55.000 taxis que circulan en total son insuficientes para satisfacer la demanda, provocando que las licencias se comercialicen por un valor que ronda los € 190.000 en París o los € 400.000 en las inmediaciones del aeropuerto de Orly.

Es decir, los propietarios de los taxis franceses están repartiendo una torta muy grande entre muy pocos comensales. La medida que propuso este economista es incrementar el número de licencias para acercar al sector a un equilibrio entre la oferta y la demanda de taxis que estimule un mayor nivel de empleo y una mejor distribución de la riqueza.

La reacción de los taxistas era bastante predecible: Huelgas y protestas. Así es, en el día de hoy 5.000 unidades cortaron el tránsito de las principales ciudades francesas, haciendo valer su presunto derecho al control de los mercados en beneficio de una minoría.

Al contrario de lo que muchos pensaban, el gobierno francés terminó agachando la cabeza, archivando el informe en un cajón y asegurando los intereses de los propietarios de los taxis. Una vez más vemos las limitaciones de la creación de políticas por parte de técnicos y profesionales. A veces, las presiones de ciertos sectores pueden más que las políticas de racionalización y optimización de la economía. Cuando los consejos de los especialistas chocan contra grandes intereses, sean cuales sean esos consejos, normalmente no son llevados a la práctica por el sistema político.

Esto demuestra la dificultad de establecer un vínculo entre la clase política y la clase académica que permita crear políticas racionales a la vez que viables, utilizando las herramientas que nos brinda la ciencia para impulsar el progreso de las sociedades.

Vía | Cotizalia