Argentina está atravesando un duro conflicto entre las asociaciones agropecuarias y el gobierno a raíz del incremento de un 45% a los impuestos a la soja y el girasol. El paro del sector agrícola ya lleva diez días y no se vislumbra una solución inmediata.

Desde la profunda crisis económica que atravesó la Argentina en el año 2001, el alza sostenida de los precios internacionales de los productos agrarios fueron los responsables del vertiginoso crecimiento económico del que ha disfrutado ese país.

El agro ha sido, sin temor a equivocarme, el sector más beneficiado de la Argentina en lo que va del Siglo XXI, llegando a aportar unos US$ 12.000 millones anuales.

El gobierno intenta solidarizar ese crecimiento sectorial con las arcas del estado y consciente de la posición de privilegio de la que goza el agro, pide una contribución extra de los productores rurales. La reacción de estos últimos ha sido tajante. Ningún agricultor está dispuesto a tolerar un incremento de la carga impositiva en las proporciones que pretende el gobierno.

Lo cierto es que, por más que el ministro de Economía sostiene que ese aumento es compensado con una baja del gravamen al trigo y al maíz, los pequeños productores se ven seriamente comprometidos. Es verdad también, que con la sola adhesión de los pequeños productores, este paro no podría haberse llevado a cabo jamás.

Aquí hay algo que es muy claro. Tenemos un conjunto de productores con un gran poder entre sus manos que no está dispuesto a destinar una mayor porción de sus ingresos al estado; y por otro, un gobierno al que le cuesta lograr un clima de negociación pacífica que permita alcanzar soluciones negociadas.

Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el de su marido se han caracterizado por una total intransigencia y una nula vocación al diálogo en los procesos de resolución de conflictos. Si nos extendemos al plano de las relaciones internacionales, caben como ejemplo las negociaciones por la construcción de la planta de Botnia en la margen vecina del Río Uruguay, y las negociaciones con los acreedores internacionales por la deuda declarada en default en el año 2001.

Los productos agrarios escasean en la República Argentina. La carne es un privilegio del 30% de los establecimientos minoristas. No queda otra opción, el gobierno debe abandonar su posición de intransigencia y sentarse a dialogar.

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