Hoy ha sido revelada una noticia que supone mucho más que una simple reestructura a nivel regulatorio en los Estados Unidos. Se trata, lisa y llanamente, del abandono de un paradigma que el actual gobierno ha defendido desde el inicio de su primera gestión.

Por más que el secretario del Tesoro, Henry Paulson, sostenga que no existe una vinculación entre el proyecto a elevarse y la crisis hipotecaria, la opinión especializada nos dice otra cosa. El nuevo marco de regulación financiera que presenta el gobierno es el reconocimiento de los muchos errores cometidos en materia de política económica.

El discurso de la administración Bush ha sido muy claro al respecto. Afines a una teoría liberal acerca del papel del estado en materia económica, sostenían que el gobierno no debía intervenir en los mercados, pues la excesiva regulación introduce una serie de distorsiones que lleva a reducir los beneficios para la economía en su conjunto. Los mercados, por sí solos, alcanzarán el equilibrio con los mejores resultados posibles.

La realidad nos ha demostrado a todos y en particular a quienes hasta hace muy poco defendían estas ideas, que la excesiva libertad de los agentes económicos puede causar estragos a la economía. El vivo ejemplo es la crisis hipotecaria que atraviesan los Estados Unidos y que amenaza al mundo entero.

Seis meses atrás, las autoridades estadounidenses, en la práctica, han empezado a abandonar el paradigma liberal y han optado por un conjunto de medidas de intervención en materia económica, llegando al punto de formar parte de las negociaciones para la venta del banco de inversión Bear Stearns al JP Morgan Chase, incongruente con los discursos liberalistas.

El proyecto que se espera conocer en detalle dentro de muy poco incluye una serie de reestructuras que otorgan a los órganos de regulación un mayor poder de intervención en los mercados financieros.

En primer lugar, se dotará a la Reserva Federal de las herramientas necesarias para actuar como guardián de los mercados, con la posibilidad de exigir cualquier tipo de información a los bancos, controlar sus cuentas y alterar las reglas de juego, siempre y cuando, la situación lo amerite.

Por otro lado, se fusionará una serie de oficinas gubernamentales de regulación en dos entidades que abarquen al sistema financiero en su conjunto desde ópticas diferentes. Una, encargada de velar por la salud financiera de los bancos, mientras que la otra, atenta a la protección de los consumidores e inversores.

El estado decide aumentar su nivel de intervención, al tiempo que echa por la borda años y años de discursos doctrinarios. Ya era hora, ¿verdad?

Vía | El Mundo