La Ronda de Doha sigue en movimiento. En ella, enmarcados en la Organización Mundial del Comercio, los países del mundo pelean por la liberalización de los intercambios, aunque no del comercio en general, sino de la parte que a cada uno más le conviene liberar.

Mientras que los países centrales buscan mayores libertades a la hora de colocar productos industrializados en el mundo entero, los países periféricos pelean por lograr algún beneficio en torno a la liberalización de las transacciones internacionales, pidiendo a gritos que las economías desarrolladas abran sus puertas a los productos agropecuarios.

No es un tema para nada sencillo. La creación de la Organización Mundial de Comercio tuvo lugar en la Ronda de Uruguay, celebrada desde 1986 a 1994, en la cuál, 117 países negociaron, entre otras cosas, la apertura del mercado monetario y la mayor protección de la propiedad intelectual. En ella, se firmaron los principales acuerdos por los que vela la OMC.

La Ronda de Doha, iniciada en noviembre de 2001, busca agiornar y complementar los acuerdos alcanzados en la instancia anterior, pero fundamentalmente, dar cierre a un tema pendiente: el comercio agrícola.

Esto despierta reacciones encontradas en uno y otro polo de la economía global. Los países desarrollados han gozado de mayor flexibilidad a la hora de proteger sus mercados agrícolas de la competencia extranjera. Existe, al respecto, un fuerte desequilibrio entre la capacidad de acceso al mercado mundial por parte de los países centrales y los periféricos.

Japón y la Unión Europea son las economías más reticentes a alcanzar un acuerdo que obligue a la apertura del mercado agrario, pues la baja competitividad de su producción rural los lleva a crear condiciones artificiales de subvenciones y aranceles que permitan su desarrollo.

Es curioso notar el doble discurso que existe por parte de los países desarrollados a la hora de hablar de liberalización comercial. Si un país periférico decide cerrar sus mercados a la entrada de bienes industrializados desde el exterior, está complotando contra el comercio internacional y distorsionando el funcionamiento pleno de la economía global. Sin embargo, si es un país desarrollado el que decide frenar el ingreso de materias primas agrícolas, lo único que hace es ejercer su derecho a la protección de sus intereses.

La justicia y la equidad brillan por su ausencia en las relaciones comerciales.

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