Ante la inminente crisis económica que desde los Estados Unidos afectará al mundo entero, España, con sus propios problemas de desaceleración, establece nuevos lineamientos de política fiscal que le ayuden a contrarrestar los efectos de una caída del producto.

La situación que atraviesa la economía española nos permite divisar un futuro a mediano plazo bastante comprometido. Mientras el Banco Central Europeo se rehúsa a utilizar los instrumentos de política monetaria para frenar el empuje desacelerador de las economías del Viejo Continente, el Zapatero pone en marcha sus herramientas fiscales para evitar la caída del producto y el incremento del desempleo.

El paquete de medidas implica tanto soluciones de corto como de largo plazo. Las primeras, buscan ir al choque contra los factores que hoy potencian la desaceleración, provenientes principalmente del mercado inmobiliario y del sector de la construcción. Las segundas trascienden la urgencia del momento y buscan atacar las debilidades estructurales de la economía española.

Entre las medidas de corto plazo se destaca la deducción de € 400 en el IRPF a jubilados, pensionistas y asalariados en lo que resta del año con el fin de atajar la moderación de la demanda agregada a través del consumo.

Con miras a la inversión del sector empresarial se plantea el adelanto de las deducciones del IVA que se devuelve a los empresarios por realizar compras de insumos, infraestructura y equipamiento. De esta manera, se pretende dotar de una mayor liquidez a las organizaciones.

La construcción y el sector inmobiliario en particular, serán los destinatarios de un conjunto de medidas que buscan frenar el fuerte retroceso que sufren actualmente. Entre las medidas se destaca la reducción de los impuestos a la rehabilitación de vivienda y la aceleración de los procesos de licitación de obras públicas; la creación de un plan para la mejora de la reabsorción, por parte del mercado laboral, de la mano de obra expulsada por el sector de la construcción; y la ampliación del plazo de pago de hipotecas para las familias de menores recursos.

Estas medidas se implementarán a la par de otras tantas que apuntan a la solución de los problemas estructurales de la economía española a través de un incremento de la productividad, la construcción de 1,5 millones de viviendas de protección oficial, la reforma del sistema tributario, el fortalecimiento de la competencia, la concreción de proyectos de infraestructuras y la inversión en el sector de la investigación y desarrollo de tecnologías de punta.

Vía | El País